En España obligan hoy dos normas distintas: el Real Decreto 1112/2018 al sector público, y la Ley 11/2023 a buena parte del sector privado desde el 28 de junio de 2025. Audito la web o la aplicación, y te entrego el informe de incumplimientos con su criterio de referencia, el plan de corrección priorizado y la declaración de accesibilidad lista para publicar.
La accesibilidad web lleva años siendo obligatoria para las administraciones. Lo nuevo es que desde junio de 2025 también lo es para las empresas, y ese frente está mucho menos cubierto.
Esta página es informativa y no sustituye a un análisis jurídico. Si tienes dudas sobre si tu caso concreto entra, conviene contrastarlo con un abogado.
El Real Decreto 1112/2018 obliga a webs y apps del sector público a cumplir la UNE-EN 301549, equivalente a WCAG 2.1 nivel AA, y a publicar una declaración de accesibilidad revisada y con un canal de reclamación. Afecta a ayuntamientos, cabildos, organismos y entidades dependientes.
La Ley 11/2023 traspone la directiva europea de accesibilidad y es aplicable desde el 28 de junio de 2025. Alcanza al comercio electrónico, los servicios bancarios y de seguros, el transporte de viajeros, las telecomunicaciones, los libros electrónicos y los servicios digitales asociados.
Las microempresas que prestan servicios —menos de 10 trabajadores y hasta 2 millones de euros de volumen de negocio o balance— quedan exentas de parte de los requisitos. Y hay una transitoria: los servicios que ya se prestaban con productos anteriores pueden continuar hasta el 28 de junio de 2030.
No un PDF de 80 páginas generado por una herramienta. Un documento que tu equipo pueda ejecutar, con cada problema localizado y ordenado por lo que de verdad importa arreglar primero.
El análisis automático cubre solo una parte de los criterios. El resto es revisión manual: teclado, orden de foco, lector de pantalla, contraste real y calidad de los textos alternativos.
Cada fallo con su criterio WCAG de referencia, su gravedad, la página o pantalla donde ocurre y qué le pasa a la persona que se lo encuentra.
Ordenado por impacto y coste, no por número de criterio. Lo que bloquea el uso va primero; lo cosmético, al final.
Redactada según el modelo oficial, con el grado de cumplimiento real, el contenido no accesible y el mecanismo de comunicación. Lista para publicar.
Cuando aplicáis las correcciones, vuelvo a pasar la auditoría sobre lo corregido para confirmar que el problema se cerró y no se abrió otro.
Tengo publicado un analizador gratuito que comprueba los criterios de la UNE-EN 301549 detectables en el HTML. Sin registro y con el detalle de cada incumplimiento.
No sustituye a una auditoría —la parte manual es la que más pesa—, pero en dos minutos te dice si tienes un problema pequeño o uno grande. Y lo aplico primero en mi propia web, que está auditada y con su declaración publicada.
Una auditoría que solo señala problemas deja el trabajo a medias. Yo programo, así que el informe está escrito para quien va a tocar el código, y si quieres puedo aplicar las correcciones yo mismo en lugar de dejarte una lista.
Si eres una empresa adjudicataria y necesitas cubrir la parte de accesibilidad de un pliego, también me integro en el equipo con la documentación que se pida.
Es aplicable desde el 28 de junio de 2025 y alcanza a productos y servicios como el comercio electrónico, los servicios bancarios, el transporte de viajeros, las telecomunicaciones y los libros electrónicos. Las microempresas que prestan servicios quedan exentas de parte de los requisitos.
Que webs y apps del sector público cumplan la UNE-EN 301549, equivalente a WCAG 2.1 nivel AA, y publiquen una declaración de accesibilidad revisada periódicamente con un mecanismo de comunicación para quien encuentre barreras.
Las dos cosas. El barrido automático detecta lo que se ve en el HTML, pero solo cubre una parte de los criterios. El resto exige revisión manual: navegación completa con teclado, orden de foco, prueba con lector de pantalla, contraste real sobre imágenes y comprensión de los textos alternativos.
Sí. La Ley 9/2017 permite la adjudicación directa de contratos de servicios por debajo de 15.000 € sin impuestos, con aprobación del gasto y factura, sin superar el año ni admitir prórroga. Una auditoría entra con holgura en ese umbral.
Pásale el analizador y, si el resultado no te gusta, cuéntame el caso. Te digo qué alcance tiene el problema antes de presupuestar nada.